La misión de la Organización de Estados Americanos (OEA) presentó su informe preliminar de la elección del Poder Judicial en México.
En dicho informe, la OEA concluyó que este modelo de elección de cargos, por la vía del voto popular, no es recomendable para otros países de la región.
«La ciudadanía y las instituciones mexicanas deberán evaluar si el modelo actual de selección de autoridades judiciales, a través del voto popular -que no tiene precedentes a nivel mundial- contribuye a fortalecer los principios fundamentales de la administración de justicia o si por el contrario acaba debilitando la transparencia, imparcialidad , eficacia e independencia del Poder Judicial».
Baja participación y alta nulidad de votos en la elección judicial: OEA
La misión destacó que la jornada electoral transcurrió en tranquilidad, pero advirtió que la participación ciudadana fue sólo del 13%, uno de los niveles más bajos en la región.
Asimismo, alertó sobre un alto porcentaje de votos nulos y no marcados, así como preocupaciones sobre la independencia judicial debido a la forma en que se seleccionaron las candidaturas.
«La misión destaca que la votación se desarrolló en un clima de tranquilidad… Al mismo tiempo observa con preocupación el bajo nivel de participación de la ciudadanía. La participación para la elección fue de aproximadamente 13 por ciento (de la lista nacional de electores), uno de los niveles más bajos de participación de la región para un proceso electoral. Asimismo, se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados».
Recomendaciones
A partir de lo observado en el marco de este proceso, la MOE/OEA hizo algunas recomendaciones, de las cuales citamos algunas:
- Efectuar las modificaciones legales, reglamentarias y normativas pertinentes, que regulen de manera clara, precisa, y armónica cada una de las etapas de selección de las personas aspirantes.
- Ampliar la legitimación para presentar impugnaciones.
- Evaluar la posibilidad de ampliar el plazo previsto para el control de elegibilidad de los
- postulantes, así como para la evaluación de idoneidad.
- Establecer la obligación para todos los postulantes de atravesar un examen de carácter técnico.
- Asignar la responsabilidad de verificar la elegibilidad e idoneidad de los postulantes a un único órgano, que esté separado institucionalmente de los tres poderes del Estado, y que esté integrado por figuras de reconocida competencia, imparcialidad y prestigio.
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