Categoría: Opinión

Dignidad frente al desprecio 

El Ágora 

Por Ana Gómez

El pasado 6 de mayo, el Congreso del Estado de Aguascalientes celebró una sesión solemne para entregar la «Medalla de la Libertad» a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. El mismo día, el Ayuntamiento de Aguascalientes le otorgó las llaves de la ciudad y la Medalla Aguascalientes 450 Años.

El reconocimiento fue presentado como un gesto de hermandad entre Aguascalientes y la capital española, pero para quienes conocemos el historial de declaraciones de Ayuso sobre nuestro país, la ceremonia no fue un puente tendido entre pueblos, sino una señal de alarma que no podíamos ignorar. Por eso, el grupo parlamentario de Morena tomó la decisión de dejar vacíos nuestros curules, que representaban a todas las personas que sienten que hay algo profundamente indignante en entregar una «Medalla de la Libertad» a alguien cuyo concepto de libertad choca frontalmente con la soberanía y la historia de nuestro pueblo.

Un historial de desprecio que no se puede ignorar

La presidenta de la Comunidad de Madrid no vino a tender puentes. Vino con trincheras ya cavadas. En 2021 afirmó que «el indigenismo es el nuevo comunismo», criminalizando la reivindicación de nuestras raíces. En su gira de 2026 fue más lejos: sostuvo que los verdaderos «abusos» en este continente los cometían las poblaciones aztecas y mayas, y que la conquista española fue un acto de caridad civilizatoria. Con esa lógica, milenios de ciencia, cultura y organización social simplemente dejan de existir.

El desprecio tampoco se queda en el pasado remoto. El uso deliberado de «Méjico» con «j» es especialmente revelador, pues ignora a la misma RAE que la derecha acostumbra citar como autoridad, y que reconoce el origen náhuatl de nuestro nombre. A eso se suma tildar a México de «narcoestado» para alimentar el miedo en su propio electorado, usándonos como telón de fondo de su campaña permanente.

Una gira que se desmoronó sola

La visita de Ayuso fue, en la práctica, un desfile de vanidad pagado con dinero público madrileño. En Aguascalientes fue recibida con honores que no correspondían a su cargo, en un Congreso ocupado únicamente por diputados de derecha, mientras afuera ciudadanos inconformes se manifestaban. En ese mismo acto, una regidora de Morena tomó la palabra para recordarle a ella y a los conservadores presentes que los problemas sociales no se resuelven con medallas ni con eventos para visitantes extranjeros.

La gira había comenzado en la Ciudad de México, donde el rechazo marcó desde el principio el tono de los eventos, y Ayuso tuvo que cancelar un homenaje a Hernán Cortés en la Catedral Metropolitana. La presidenta Claudia Sheinbaum lo dijo sin rodeos: «¿Para qué viene esta persona a México? ¿A qué la traen? Piensan que eso les dará legitimidad aquí, pero ¿cómo pueden pensar que una persona que adora a Hernán Cortés les dará legitimidad? Están trasnochados.» La doctora Sheinbaum también subrayó que México vive en total libertad, que permite el debate abierto de ideas y una ciudadanía cada día más participativa.

Lo que empezó como una gira de diez días terminó en un regreso apresurado el 8 de mayo. Ayuso habló de «boicot», pero su agenda simplemente se derrumbó. El Grupo Xcaret negó cualquier presión oficial para excluirla de los Premios Platino, y el fiasco quedó expuesto ante la opinión pública.

Dinero del pueblo, gastado en vanidad

Mientras millones de familias enfrentan dificultades cotidianas, esta gira consumió recursos que ningún gobierno responsable debería dilapidar de esa manera. Según algunas estimaciones, el costo fue de alrededor de 300,000 euros solo en vuelos y hospedaje, otros 450,000 euros en patrocinios, y unos 50,000 euros adicionales en comunicación y autopromoción internacional. En total, cerca de 800,000 euros, alrededor de 16 millones de pesos, para una gira que no generó una sola inversión nueva: los compromisos de empresas como Alsea o CEMEX ya estaban anunciados de antemano.

Es difícil entender que legisladores mexicanos se conviertan en comité de bienvenida de alguien que malgasta fondos públicos para venir a insultarnos en nuestra propia casa. Cuando la validación se busca afuera porque adentro el pueblo no la otorga, algo está profundamente mal en esa postura política, y el pueblo lo sabe.

Memoria y justicia

Frente a todo esto, desde el Congreso de Aguascalientes hemos presentado una iniciativa para inscribir en el Muro de Honor la leyenda «Pueblos Originarios». No es un adorno. Es un acto de justicia ante siglos de silencio forzado y despojo cultural. México no es solo un Estado-nación moderno, es una civilización viva que no necesita el aval de ninguna funcionaria extranjera para reconocer su propio valor.

Juárez nos enseñó que la dignidad se defiende con voluntad, especialmente frente a quienes pretenden imponernos una historia que nos avergüence de nosotros mismos. La cosmovisión de nuestros pueblos originarios no es un lastre del pasado, es una identidad que nos da fortaleza y sentido de pertenencia.

No estuvimos en esa sesión porque nuestra lealtad está con esa historia de resistencia, con los caxcanes y guachichiles que habitaron estas tierras mucho antes de que alguien pretendiera «civilizarlas». Las medallas de conveniencia no nos interesan. Un pueblo que no honra su origen es un pueblo que camina sin brújula. La nuestra apunta hacia nuestra soberanía, y eso no está en negociación.

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El espejo roto de la soberanía 

El Ágora

Por Ana Gómez

El panorama político de México en 2026 reproduce una lógica que la historia latinoamericana conoce bien, la soberanía se defiende en el discurso, pero se erosiona en los hechos. 

El caso judicial construido desde el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es una anomalía del sistema legal estadounidense, sino su expresión más nítida. Es la continuación de una doctrina de extraterritorialidad que Washington ha aplicado sistemáticamente cuando sus intereses domésticos requieren un relato externo que los justifique.

Estados Unidos tiene un historial documentado de utilizar su sistema judicial como herramienta de presión diplomática. Desde las sanciones extraterritoriales derivadas de la Ley Helms-Burton contra Cuba, hasta los procesos contra funcionarios venezolanos construidos sobre testimonios de colaboradores con inmunidad negociada, el patrón es consistente: cuando la vía diplomática resulta insuficiente, el Departamento de Justicia actúa como su brazo ejecutor.

El caso contra Rocha Moya sigue ese mismo patrón. La acusación no descansa sobre pruebas materiales como transferencias bancarias, grabaciones, registros documentales, sino sobre las declaraciones de Ismael «El Mayo» Zambada y miembros del Cártel de Sinaloa, quienes operan bajo esquemas de cooperación que ofrecen reducciones sustanciales de condena a cambio de señalamientos políticamente útiles. Bajo esta lógica perversa, un testigo colaborador no tiene incentivo para decir la verdad; lo tiene para decir lo que el fiscal necesita escuchar. La credibilidad procesal de estos testimonios es, académicamente hablando, prácticamente nula sin corroboración independiente.

El doble rasero y el experimento mental

Para calibrar la magnitud del absurdo, basta con invertir el escenario: la Fiscalía General de la República emitiendo cargos contra el gobernador de Arizona por complicidad en el tráfico de armas hacia México, que es un fenómeno real y documentado, sustentada únicamente en testimonios de narcotraficantes mexicanos que negocian su libertad. Washington lo calificaría, sin dudar, como una agresión a su soberanía. Sin embargo, esa asimetría no incomoda a los operadores del sistema judicial neoyorquino, porque históricamente no ha tenido consecuencias.

Este doble estándar no es nuevo. Desde la Doctrina Monroe hasta las intervenciones en Guatemala (1954), Chile (1973) o la operación Cóndor, Estados Unidos ha aplicado criterios diferenciados: lo que considera inaceptable para su territorio es política exterior legítima cuando se ejerce hacia el sur.

Rocha Moya y la respuesta institucional

Frente a este embate, la postura de Rocha Moya ha sido la de un actor que apela a los mecanismos legales de su propio Estado. Su solicitud de licencia para facilitar la investigación de la FGR, en lugar de fugarse o confrontar abiertamente, refleja confianza en las instituciones nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica, lo presentado es una «hoja de papel», una acusación sin sustento que pretende juzgar a un funcionario mexicano bajo jurisdicción extraterritorial forzada, en contradicción con el espíritu del Tratado de Extradición de 1978, que exige pruebas suficientes y delitos cometidos en territorio estadounidense o con vínculos directos demostrables.

La FGR ha asumido el control del proceso, lo que es jurídicamente correcto. La soberanía no se defiende cediendo la jurisdicción; se defiende demostrando capacidad de impartir justicia internamente.

El caso Chihuahua: la soberanía en subasta

El contraste con Chihuahua resulta revelador. El accidente en Morelos donde fallecieron agentes de la CIA operando encubiertos con uniformes de la policía estatal no es un incidente menor: es evidencia de una penetración institucional que viola la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 constitucional. La existencia de espacios exclusivos para agencias estadounidenses en instalaciones de gobierno chihuahuense confirma que la gobernadora María Eugenia Campos ha permitido, con distintos niveles de conocimiento o tolerancia, una intervención directa en el territorio nacional.

Lo paradójico es que a Rocha Moya se le acusa sin pruebas desde el exterior, mientras que en Chihuahua la injerencia es física, verificable y opera desde adentro, sin que genere la misma indignación en los sectores que exigen soberanía selectiva.

El caso contra Rubén Rocha Moya debe leerse en su contexto estructural: es un episodio más de la larga tradición estadounidense de instrumentalizar su sistema judicial para moldear la política interna de sus vecinos. La debilidad probatoria, como testimonios interesados, ausencia de prueba material, jurisdicción forzada, no es un error procesal; es el diseño de un mecanismo de presión. México tiene la obligación histórica y jurídica de no aceptar que palabras compradas en cárceles extranjeras definan su rumbo político. La soberanía no es un concepto retórico: es una práctica que se defiende con instituciones sólidas, criterio jurídico riguroso y memoria histórica. En 2026, las tres son indispensables.

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Tradición en Chihuahua, la soberanía subastada 

El Ágora

Por Ana Gómez

El 19 de abril de 2026 no fue solo un mal día para los registros de accidentes en la Sierra Tarahumara. Fue el día en que la Constitución se desbarrancó junto con una camioneta blindada en el municipio de Morelos, Chihuahua.

Lo que al principio pareció un trágico accidente en la comunidad de El Pinal, terminó convirtiéndose en un escándalo de proporciones históricas. Y en el centro de todo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, enfrentando una acusación que no es menor: traición a la patria.

El disfraz de la traición

Los servicios de inteligencia y el gabinete de seguridad federal lo confirmaron, en ese barranco de cien metros no solo murieron agentes locales. También fallecieron Richard Later Johnston III y John Dudley Black, dos operativos de la CIA que operaban por la Sierra Tarahumara con el permiso del gobierno estatal.

Pero no estaban aquí como asesores o como observadores discretos. Venían disfrazados con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Es decir, haciéndose pasar por autoridad mexicana para esquivar la supervisión del Ejército y la Guardia Nacional.

Eso no es un error administrativo ni un malentendido burocrático. Es una violación deliberada a la soberanía nacional. Maru Campos no solo ignoró la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución; entregó las llaves del país a quienes no tienen ninguna jurisdicción aquí.

¿Traición? El Código Penal es directo

Puede sonar fuerte, pero la ley no deja mucho margen de interpretación. El Código Penal Federal dice que hay traición a la patria cuando alguien realiza actos contra la independencia, la soberanía o la integridad del país con el apoyo de un gobierno extranjero.

Al autorizar operativos de la CIA en la Sierra sin informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la SEDENA, la gobernadora construyó un Estado paralelo dentro de Chihuahua. Y el contexto lo hace todavía más grave, porque estamos en plena era Trump, con los cárteles mexicanos ya clasificados como organizaciones terroristas por Washington. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum repite que «la soberanía no se negocia», en Chihuahua parece que sí tiene precio, y que se pagó bajo el pretexto de la «eficacia tecnológica».

La Torre Centinela: ¿centro de seguridad o caballo de Troya?

Este escándalo tiene una pieza central que no se puede ignorar: la Torre Centinela. Un proyecto en Ciudad Juárez que costó más de 4,700 millones de pesos y que, según se ha revelado, no es solo un centro de monitoreo. El diseño contempla espacios exclusivos para el FBI, la DEA y la CIA.

El famoso «piso 18», presentado como un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, es en realidad un enclave extranjero en pleno territorio chihuahuense. Maru Campos dirá que solo quiere proteger a su gente, pero en el camino ha fragmentado la seguridad nacional. La pregunta es sencilla: ¿qué pasaría si cada gobernador se pusiera a invitar agencias extranjeras a patrullar sus calles? La respuesta también es sencilla: México dejaría de ser un país soberano para volverse un mosaico de protectorados.

El conflicto de interés más obvio

La respuesta de la gobernadora al «CIA-gate» ha sido, para decirlo con claridad, evasiva. Designó a Wendy Paola Chávez Villanueva para encabezar la investigación especial, lo que en términos prácticos significa que la fiscalía estatal se está investigando a sí misma. No hay forma de que eso funcione con credibilidad.

La decisión de dejar entrar a agentes extranjeros armados y permitirles usar uniformes oficiales de la AEI no pudo haber salido de un funcionario de nivel medio. Eso viene de arriba, de muy arriba.

La falta de transparencia no es solo una jugada política. Configura violaciones legales que podrían derivar en un juicio político. Al no informar al Ejecutivo Federal y permitir que personal extranjero realizara detenciones y portara armas sin registro ante la SEDENA, se fracturó el pacto federal. La opacidad de Maru Campos confirma algo preocupante, un gobierno Panista eligió lealtad a una agenda extranjera por encima de la responsabilidad de informar al pueblo mexicano.

Lo que la historia ya nos enseñó

México tiene una memoria larga cuando se trata de intervenciones extranjeras que empezaron como «acuerdos de cooperación». Desde la Operación Cóndor hasta el caso Kiki Camarena, la presencia de la CIA en suelo mexicano nunca ha sido gratis ni inocente. Maru Campos parece haber olvidado que la agenda de Washington no siempre va de la mano con la estabilidad democrática de México. 

La gobernadora está hoy en una encrucijada. El respaldo de su partido no va a borrar lo que quedó en ese barranco de El Pinal. La soberanía no es un concepto de libro de texto; es el derecho del Estado mexicano de mandar en su propio territorio. Al delegarlo en agentes extranjeros disfrazados de policías locales, Maru Campos no solo falló como gobernante. Cruzó una línea que tiene nombre en la ley.
El Senado tiene la palabra. Si el incidente de El Pinal queda impune, la Constitución mexicana no valdrá más que el papel en el que está impresa.

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Puras mentiras

Son repelentes a la verdad. 
La política de comunicación del obradorato se sintetiza en ocultar y engañar, algo que practican de manera sistemática e incluso instintiva. Primero mienten y después averiguan. Sostienen su narrativa contra toda evidencia, convencidos de que la percepción pesa más que la realidad y, como tienen un megáfono amplificado con recursos públicos, confían en imponer su versión.

Pero la propaganda se desgasta y cambia el humor social, de tal suerte que mentir ya nos sale tan barato y, cuando los agarran con los dedos en la puerta y no les queda más remedio, se ven obligados a recular y tragarse sus palabras. Así sucedió con el escándalo de la mujer asoleándose en la ventana de Palacio Nacional, un asunto menor que creció por negar el hecho pese a los múltiples videos que lo demostraban.

Más grave fue la desinformación sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México. Dos meses sostuvieron que no era responsabilidad de Pemex, calumniando a pescadores y ecologistas que desde el principio lo señalaron. Ante la inminencia de un desmentido internacional con pruebas satelitales, tuvieron que reconocer que provino de un ducto en Cantarell.

Para donde miremos brotan las mentiras del régimen. Repiten que terminaron con los privilegios y que hay cero impunidad, pero Marcelo Ebrard admitió que su hijo vivió meses en la Embajada en Londres, confesando delitos.

Sheinbaum acudió a un foro internacional convocado para defender la democracia, siendo que la desmanteló en México siguiendo el Plan C de López Obrador. Acaban de aprobar una reforma electoral sin escuchar a la oposición y se agandallaron los tres consejeros del INE con incondicionales.

Mienten como reflejo no solo para engañar, ensucian la conversación pública para que la sociedad no sepa en qué creer. Pero subestiman a los ciudadanos. Las tiranías también pierden en las urnas, a pesar de controlar todas las instituciones. Pregúntenle al Peje húngaro, también conocido como Viktor Orbán.

Fernando Belaunzarán en Instagram: @fer_belaunzaran, en X: @ferbelaunzaran

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