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Más de un millón de ciudadanos se movilizaron en 63 ciudades del país, el pasado 13 de noviembre. Lo hicieron para oponerse a la pretensión gubernamental de cambiar las reglas electorales y capturar al instituto que organiza los comicios, así como al tribunal que los califica.

La impresionante afluencia rebasó a los organizadores y superó todas las expectativas. En la Ciudad de México, cuando José Woldenberg terminó de leer su discurso en el Monumento a la Revolución, la mitad de los manifestantes todavía no salía del Ángel de la Independencia.

Ni las ofensas presidenciales ni la extraña contingencia ambiental decretada un día antes por la corcholata Claudia Sheinbaum, inhibieron la participación ciudadana de quienes rechazan regresar a los tiempos en que las elecciones eran un mero trámite para formalizar los dedazos del monarca sexenal.

El actual INE avaló el triunfo de López Obrador y de 22 gobernadores de Morena. El problema es que la democracia que sirvió para que llegaran al poder ahora les estorba para conservarlo. Por eso el Presidente optó por ignorar el clamor que se expresó en las manifestaciones, insistir en los insultos contra sus participantes y convocar a una contramarcha del gobierno para apuntalar al gobierno, tal y como se acostumbraba en el viejo régimen.

Quiere que sus clientelas den cobertura al despropósito de imponer un sistema electoral distinto al establecido en la Constitución, lo cual generaría una severa crisis política. Aunque los cuatro ministros que él propuso obstruyeran la declaración de inconstitucionalidad de las leyes que anunció, eso no impediría la lluvia de amparos ni las protestas contra autoridades ilegítimas.

Las reglas que determinan la distribución del poder en México fueron producto de amplios consensos, lo que ha generado estabilidad. Romperlos para modificar las normas e instituciones electorales de manera unilateral, violando la Carta Magna, sería, ni más ni menos, un golpe de Estado.

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