Todas las notas de Fernando Belaunzarán en México Habla

Hay líneas rojas que no deben cruzarse

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró en su programa de televisión poseer fotos íntimas de diputadas del PRI, lo cual no es solo una amenaza inadmisible, también es un delito. La Ley Olimpia se aprobó precisamente para castigar esa deleznable práctica y la influencer YosStop estuvo en prisión por una conducta similar.

El asunto no quedó en el exabrupto de la mandataria en funciones de conductora televisiva. Toda la estructura oficialista en redes sociales, misma que es controlada desde Palacio Nacional, fue activada para acosar, calumniar y denigrar a legisladoras de oposición por ese supuesto material.

Resultó lastimoso ver que mujeres se sumaran al escarnio, muchas de las cuales se han movilizado para repudiar la violencia estructural que sufren, pero en esta ocasión se volvieron cómplices de ella y se olvidaron de la sororidad que pregonan al seguir el reflejo de la inescrupulosa polarización promovida por el presidente y atacar con saña misógina a las injustamente señaladas solo por ser opositoras.

Vivimos tiempos cínicos en los que gobernantes prepotentes violan la ley sin disimulos, sabiéndose impunes. Peor aún, la señora Sansores, cuyo padre era emblema de la corrupción caciquil del viejo régimen, lleva a su programa al fiscal del estado, quien no solo presencia la difusión de audios ilegales y la confesión de delitos, le sigue el juego mediático, convirtiendo la venganza presidencial en un reality show. Renato Sales es conocido por ser un funcionario honesto, serio y respetable, pero por lo visto nadie se salva de la degradación en esa pantomima que llaman cuarta transformación.

El régimen espía líderes opositores y manipula la justicia con fines políticos. Decirlo no defiende conductas indebidas, demanda que se actúe con apego a Derecho y respetando el debido proceso. Lo que no entienden López Obrador y sus secuaces es que para conservar el poder no todo está permitido.

Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad del autor que lo emite y no plasma el criterio de México Habla.

Quieren ganar a la mala

Aunque la Constitución establece que las precampañas para la presidencia de la república inician en noviembre de 2023, los suspirantes por la candidatura del partido oficial que en el viejo régimen se les conocía como tapados y ahora su restaurador llama corcholatas, andan desbocados, descuidando sus obligaciones como funcionarios y sin reparar en las violaciones a la ley.

Ni siquiera disimulan. Realizan actos públicos para hablar de sus aspiraciones, se van de gira a placearse con el menor pretexto, pintan bardas con sus nombres, aparecen en espectaculares y publicidad móvil. Están en abierta campaña anticipada y usan recursos públicos para hacer propagada personalizada, ambas conductas prohibidas expresamente por la legislación electoral. Por eso no extraña que el INE los haya reconvenido.

El problema es que el gobierno y su partido son violadores seriales de las normas y por eso arremeten contra el árbitro electoral. Cuando eran oposición peleaban por equidad en la contienda y ahora que están en el gobierno operan elecciones de Estado y hacen trampa para sacan ventaja.

Les interesa más conservar el poder que gobernar. Mientras Adán Augusto usa aviones oficiales para ir a actos proselitistas de Morena y alaba los tiempos del Señor, el crimen se apropia de territorios y desangra al país. Claudia Sheinbaum se va a inaugurar una refinería que operará hasta 2026 y el Metro se incendia dos veces en menos de una semana. Ocurre la mayor tragedia migratoria en Texas con 53 muertos en un tráiler, la mayoría mexicanos, pero Marcelo Ebrard presume que el presidente ya lo destapó cinco veces. Y Ricardo Monreal tratando de dar portazo, sabiendo que el gran elector no lo quiere.

Adelantar la sucesión fue idea de López Obrador, piensa que con él regresaron los tiempos oscuros en los que el presidente designaba a su sucesor mediante dedazo. Pero subestimar a los ciudadanos es tan absurdo como pretender desmontar la Estatua de la Libertad.

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Dejemos de tropezar con la misma piedra

Siempre que estalla un problema grave, el presidente encuentra la manera de desviar la atención hacia asuntos estridentes, pero de poca trascendencia. Que las disculpas de España, que el penacho de Moctezuma, que la rifa del avión presidencial que no lo rifó y sigue sin venderse. Se ha dedicado a distraernos de la corrupción de su gobierno, de las transas de sus familiares, de la crisis económica, del desempleo, de la inflación, de la violencia desbocada, en fin, del desastre al que nos ha llevado.

El asesinato de los dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas, Pedro Palma, pusieron en el centro de la discusión el rotundo fracaso de la política de seguridad. Como dijo el padre Javier Ávila en las exequias, “los abrazos ya no alcanzan para tantos balazos”. Pero López Obrador se niega siquiera a discutir la posibilidad de cambiar la estrategia y, en plena conmoción por los hechos, decidió irse a jugar beisbol y difundir un infomercial del partido, presumiendo haber ganado con todo y los cachirules del equipo contrario.

Lejos de ayudarle, el desplante propagandístico resultó contraproducente. Y fue entonces cuando de manera extraña subieron a la red una foto poco favorable de su hijo menor. Nada justifica el escarnio hacia un adolescente y condenó la deplorable discriminación por su apariencia, pero muchos cayeron en la trampa, la conversación cambió y el mandatario aprovechó para victimizarse, el terreno en el que mejor se mueve.

Ojalá la sincronizada indignación oficialista sirviera para cuidar de otros menores, como los que tienen cáncer o se quedaron sin escuela de tiempo completo o estancia infantil, pero lo dudo. El caso es que la violencia e inseguridad siguen azotando al país. Acaban de masacrar policías estatales en Nuevo León y de disparar contra quien estaba formado en una fila llena de niños que esperaban vacunarse en Puebla. Ya no permitamos que nos distraigan.

Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad del autor que lo emite y no plasma el criterio de México Habla.

Detengamos la barbarie

El lunes 20 de junio asesinaron a dos jesuitas en Cerocahui, comunidad de Urique, en la sierra tarahumara de Chihuahua. Los sacerdotes Javier Campos de 79 años y Joaquín Mora de 80 fueron ultimados cuando auxiliaban a Pedro Heliodoro Palma, guía de turistas que buscó refugio en la iglesia mientras era perseguido por el matón del pueblo, conocido como “El chueco”, a quien se le vincula con el cártel de Sinaloa.

El atroz crimen dio la vuelta al mundo y el Papa Francisco expresó su consternación por el cobarde asesinato de dos miembros de su congregación. No era para menos. Ambos religiosos dedicaron su labor pastoral a servir en una zona de ancestral pobreza, marginación y arbitrariedad, acompañando al pueblo rarámuri con el que se tiene una inmensa deuda de justicia.

No solo profanaron el templo, también robaron los cuerpos, quitándoles el derecho a cristiana sepultura. La Compañía de Jesús emitió un comunicado en el que hizo notar el dolor del pueblo por la violencia imperante y se solidarizaron con tantas víctimas cuyo sufrimiento no suscita la misma empatía y atención pública. Tienen razón. En solo tres años y medio del presente gobierno ya se rebasaron los 121 mil homicidios dolosos, más de los que hubo en todo el sexenio de Felipe Calderón.

Pero no solo los asesinatos están fuera de control. Las desapariciones aumentan, lo mismo que la extorsión, el secuestro, la trata y el robo con violencia. Evitar confrontarse con el crimen organizado ha permitido que este domine cada vez más territorios, dejando a la población desamparada. Apostar al establecimiento de un cártel hegemónico que ayude a pacificar es resignarse a cogobernar con criminales.

Es innegable el fracaso de la estrategia, aunque la necedad de López Obrador le impida reconocerlo. Aseguró que combatiría las causas, enfrentando la pobreza, pero hoy hay millones de pobres más que cuando asumió la presidencia. Es momento de tomar las calles y gritar ¡Ya basta!

Pasamos del fue el Estado al no hay Estado

El crimen organizado se ha convertido en actor electoral relevante. Durante las campañas del 2021 asesinaron a 102 políticos, 36 de ellos aspirantes o candidatos.

El crimen organizado se ha convertido en actor electoral relevante. Durante las campañas del 2021 asesinaron a 102 políticos, 36 de ellos aspirantes o candidatos. El día de los comicios se hicieron presentes, de manera notable en los estados del Pacífico. Hubo secuestros, intimidaciones, robos de urnas, expulsión de representantes, cómputos adulterados. No obstante la abundante evidencia de la participación delincuencial, López Obrador aseguró a la mañana siguiente que los criminales se habían portado bien, seguramente porque su partido era el beneficiado.

En las recientes elecciones del 5 de junio ocurrieron hechos similares, sobre todo en Tamaulipas. La creciente influencia política de organizaciones delincuenciales significa impunidad para sus diversos giros, dejando a poblaciones enteras indefensas.

Botones de muestra sobran. Pollerías de Chilpancingo cerraron después de una serie de asesinatos de productores y vendedores. San Cristobal de las Casas fue literalmente tomada por criminales y hace unos meses sucedió lo mismo en Caborca. Vemos comboyes de hombres armados pasar frente al Ejército como si nada. En Nueva Italia los corretearon y hasta se atrevieron a hacer un retén donde el presidente andaba de gira.

Por eso no extraña que legisladores norteamericanos alerten sobre el control territorial de los cárteles y el asesinato de periodistas. Porfirio Muñoz Ledo le puso el cascabel al gato al decirle a López Obrador que los acuerdos con el narco no son heredables, que ellos se van a entender con el que llegue y quizá tengan ya tanta fuerza que ni lo necesiten. La periodista Anabel Hernández confirma el contubernio y Francisco Labastida expone su extrañeza por las cuatro visitas que lleva el mandatario a un emblemático municipio del Triángulo Dorado de solo 5 mil habitantes.

Ya no podemos ignorar al elefante en la sala, a menos que admitamos que el crimen imponga al próximo presidente.

Quieren ganar por default

El domingo 5 de junio hubo elecciones en seis estados. Los voceros del régimen aseguraban que se llevarían las seis, pero no lo lograron. Ganaron cuatro, pero solo en dos de ellas se enfrentaron a la alianza de los partidos que conforman ‘Va por México‘, la cual se impuso también en dos, es decir, la coalición opositora tuvo eficacia del 50%.

Desde el poder minimizan dichos triunfos porque su estrategia es dejar sentado que el 2024 ya está definido a favor de la corcholata que destape el dedazo presidencial y así muchos inconformes apuesten por el cambio desde dentro con alguno de los tapados, como si eso fuera posible en el maximato.

El INE ha organizado 56 elecciones para gobernador desde 2015 y en 39 se ha impuesto un partido distinto al que gobernaba, alternancia en 7 de cada 10. Dicha tendencia se favorece cuando el mandatario estatal entrega la plaza a cambio de impunidad y una eventual embajada, como sucedió en Oaxaca, Quintana Roo e Hidalgo.

Pero en la elección presidencial toca calificar la gestión de López Obrador y sus resultados han sido deplorables. El país no crece, hay más pobreza, sigue el desabasto de medicamentos, la corrupción es exultante, la violencia no cede y el crimen se ha empoderado como nunca.

Veremos qué dicen los tribunales sobre la elección en Tamaulipas, pero por lo pronto Aguascalientes y Durango muestran que se puede derrotar al régimen a pesar de las elecciones de Estado. Recordemos que en 2021 la oposición tuvo dos millones más de votos que el oficialismo y se alzó con victorias importantes en bastiones obradoristas, como lo es la Ciudad de México.

Hay que aprender de las derrotas y practicar la autocrítica. La unidad de la oposición es necesaria, pero no basta. Se requiere un programa que vea al futuro, una narrativa que entusiasme, una candidata o candidato elegido democráticamente y partidos renovados que se abran a los ciudadanos. Estamos a tiempo y vamos a ganar.

El poder despótico no se detiene ante la ley

Alejandro Moreno difundió la conversación telefónica que tuvo con Manuel Velasco el pasado 8 de abril. En ella se escucha al senador del Partido Verde comunicar la amenaza que el secretario de Gobernación le enviaba, en virtud de la imposibilidad de reunirse con él antes de la realización del Consejo Político Nacional del PRI, en la cual definirían su posición respecto a la reforma eléctrica.

Aunque Velasco pretendió hablar en clave por lo delicado del mensaje, no dejó lugar a dudas. Le informó que Adán Augusto López habló en su presencia con Andrés Manuel López Obrador y que éste fue categórico: si Alito no jalaba con su iniciativa, se irían con todo y pagaría las consecuencias.

La historia la conocemos. A pesar de presiones y ofrecimientos, solo un diputado del PRI decidió votar con el oficialismo a cambio de una Embajada para su padre. Un mes después, Layda Sansores empezaría a revelar una serie de audios en los que Moreno sale mal parado. Que dicha gobernadora difunda grabaciones ilegales no solo demuestra conciencia de su impunidad, también el deseo de dejarle en claro al balconeado de donde viene el golpe, pues ella pertenece al círculo cercano del presidente.

El INE y la Fiscalía ya investigan el contenido de los audios. Lo que nos debería preocupar es el abuso de poder de quienes manipulan los instrumentos del Estado para sus venganzas. En lugar de usar los servicios de inteligencia para combatir la delincuencia, recurren al espionaje político para castigar la desobediencia de un dirigente opositor.

De qué tamaño será el rencor del presidente por perder la votación que también cumplió la amenaza de denunciar por traición a la patria a los diputados que rechazaron su reforma. Los gobiernos democráticos no persiguen disidentes; el chantaje y la intimidación son propias del crimen organizado. Lo que son las cosas, con López Obrador, la mafia está en el poder.

Intimidación y chantaje

¿Qué le pasa al presidente?

Por Fernando Belaunzarán

López Obrador perdió los estribos y literalmente mandó al carajo a quienes cuestionaron su decisión de traer 500 médicos cubanos. Le molestó que múltiples voces y organizaciones de la comunidad médica refutaran la falta de especialistas y le hicieran ver que muchos colegas carecen de plazas, ganan sueldos raquíticos o se encuentran desempleados y que lo único que se requiere para que acudan a zonas alejadas es que el Estado cumpla con su obligación de brindar seguridad.

Tampoco le gustó que juristas señalaran que la ley obliga a revalidar estudios y obtener certificados de su especialidad para ejercer en el país, ni que defensores de derechos humanos recordaran que la ONU y el Parlamento Europeo consideran las misiones médicas cubanas como trabajo forzoso, trata de personas y una forma de esclavitud moderna, en virtud de que reciben solo una mínima parte de lo que le pagan a la dictadura por ellos y las familias sirven de rehenes para asegurar su regreso a la isla.

Pero más allá del debate, es grave que el titular del Ejecutivo muestre tanta intolerancia contra quienes piensan distinto. Hace poco calificó de traidores a la patria a los diputados que votaron en contra de su iniciativa de reforma eléctrica, es decir, ni siquiera reconoce el derecho a discrepar de los miembros de un poder independiente, cuyas opiniones son constitucionalmente inatacables.

Hoy López Obrador manda al carajo a los médicos mexicanos, a quienes difama después de enfrentar el Covid en condiciones precarias. Aunque no lo haya dicho con esas palabras, a ese mismo lugar ya mandó a los niños con cáncer, madres de desaparecidos, clasemedieros aspiracionistas, periodistas independientes, opositores, mujeres violentadas, organizaciones de la sociedad civil y un largo etcétera. Si queremos un país en el que todos quepamos, necesitamos gobernantes que respeten las diferencias. Piénsalo cuando votes.