Sin INAI

Sin INAI

Los ladrones prefieren la oscuridad.

No les bastó asaltar al Poder Judicial para controlarlo y concentrar aún más el poder, ahora van a desaparecer siete órganos autónomos para acabar con los pocos contrapesos que quedan.

Siguiendo la guía de la restauración autoritaria, establecida por López Obrador con su Plan C, la espuria mayoría calificada que representa solo al 54% de los votantes, se prepara para otra modificación constitucional fast-track sin escuchar a la sociedad y sin analizar las consecuencias de lo que van a aprobar.

Los costos de la eliminación de estos organismos serán altos para el país en muy diversos órdenes. Desde el daño al consumidor hasta las violaciones al T-MEC, pasando por la falta de evaluaciones confiables a políticas públicas y la incapacidad de enfrentar monopolios; pero como el tiempo es escaso y no puedo hablar de todo, me voy a enfocar en la desaparición del INAI.

El Sistema Nacional de Transparencia que está por fenecer fue reconocido en el mundo y se construyó en un auténtico parlamento abierto. La sociedad civil participó en la redacción de la reforma y significó un avance sustancial en el derecho a la información. No es casual que el periodismo de investigación haya gozado de ese revulsivo y revelara, entre otras cosas, no pocos escándalos de corrupción.

Por eso incomoda al poder ser revisado por los ciudadanos. Aunque a López Obrador le gustaba repetir que ‘el que nada debe nada teme’, lo cierto es que él ocultó más información pública que Peña Nieto. Negaba lo que por ley debía dar a conocer, pero difundía datos personales de sus adversarios que tenía la obligación de resguardar.

Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum solo informará lo que le dé la gana y nadie podrá obligarla a transparentar. No olvidemos que la discrecionalidad y opacidad, así como la falta de controles y ausencia de rendición de cuentas, son características del nuevo régimen que incentivan la corrupción. Apagan la luz para ocultar la robadera.

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Martes Negro

Martes Negro 

Contra la traición no hay defensa.

La Suprema Corte desestimó las acciones de Inconstitucionalidad contra la reforma judicial.

No se alcanzaron los ocho votos requeridos porque uno de los ministros independientes decidió acompañar a las tres porristas del régimen que andan en campaña.

Con ello se cerraron las vías jurídicas para detener o enmendar el despropósito y únicamente quedan los tribunales internacionales que, en todo caso, servirán para denunciar y exhibir el autoritarismo en México.

Alberto Pérez Dayán apuñaló por la espalda a jueces y magistrados que habían puesto sus esperanzas en la histórica discusión del Máximo Tribunal. El golpe es más doloroso porque viene de quien menos esperaban, alguien que sabe lo que significa truncar los proyectos de vida de juzgadores que ascendieron gracias a su esfuerzo, pues él viene de la carrera judicial que contribuyó a tirar a la basura.

Pérez Dayán responsabilizó de la insensata reforma a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral por otorgar espuria mayoría calificada al oficialismo, siendo que la Constitución limita la sobrerrepresentación.

Tiene razón, pero escupe al cielo porque lo mismo puede decirse de él por permitir que se conculque el núcleo constitucional de una república que solo es tal, si hay división de poderes y se vulneren derechos humanos. Por cierto, aquellos también justificaron su fechoría alegando precedentes.

Pero el fatídico 5 de noviembre no quedó ahí. Donald Trump regresa al poder con ánimos de venganza y alegando, como López Obrador, un imaginario fraude electoral en 2020. 

Amenaza con deportar 11 millones de migrantes, imponer aranceles a exportaciones mexicanas y renegociar el T-MEC.

Las consecuencias serán planetarias por su afinidad con Putin, sus cuestionamientos a la OTAN y la negación del cambio climático.

Los populismos, de izquierda o derecha, tienen bajo asedio a la democracia liberal. Vivimos tiempos oscuros que encumbran autócratas y polarizan sociedades.

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Supremacía

Supremacía 

Su voracidad no tiene límite.

No les bastó atropellar procedimientos, ignorar a la sociedad y conculcar derechos de las minorías en la reforma judicial, ahora aprueban fast track modificar la Constitución para consagrar su despotismo.

Determinaron que nada ni nadie puede revisar, acotar o atacar lo que ellos decidan con su espuria mayoría calificada.

Se dieron para sí un poder supremo inapelable que es incompatible con la democracia, pues ésta requiere de un sistema de equilibrios, con pesos y contrapesos.

Legislan sobre las rodillas normas constitucionales que polarizan a la sociedad sin hacer el mínimo intento por conciliarlas con disidentes, expertos y activistas. Ignorando a la representación del 46% de los ciudadanos que no votaron por ellos.

Aprobaron que sus reformas son inimpugnables como chicanada para dejar sin materia los juicios interpuestos contra la reforma judicial, aunque ésta acabe con la república y vulnere derechos humanos.

Por fortuna, los ministros cumplirán con su responsabilidad y abordarán el tema a pesar de las amenazas explícitas que han recibido de la nueva oligarquía.

Al proyecto de González Alcántara que busca darle una salida razonable y apegada a derecho a la crisis constitucional, respondieron extorsionándolos con sus haberes de retiro, aunque se atengan a las reglas que ellos mismos les impusieron.

La verdad es que la primera beneficiada con la resolución sería Claudia Sheinbaum, porque le permitiría someter a la Corte sin el despropósito de eliminar la carrera judicial y lidiar con el caos que generarían juzgadores improvisados, electos en un proceso incomprensible y oneroso.

Pero los personeros del régimen salivan con la posibilidad de tener jueces y magistrados para comerciar con la justicia y ya nombraron morenistas para integrar la comisión que palomea a los candidatos.

Los ministros independientes han mostrado honestidad, decencia y dignidad ante el naufragio autoritario. Respaldémoslos el cinco de noviembre.

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El Padre Marcelo

El Padre Marcelo

Nadie está a salvo.

El domingo 20 de octubre fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez al salir de oficiar misa en Cuxtitali, barrio de San Cristóbal de las Casas.

Él se distinguió por su activismo a favor de la paz y tuvo un papel preponderante en la mediación y las mesas de diálogo para el regreso de los desplazados en Pantehló. Razón por la cual recibió amenazas de muerte y fue perseguido judicialmente por el régimen coludido con criminales.

El padre Marcelo era indígena tzotzil, nacido en San Andrés Larrainzar, donde se firmaron los acuerdos con el EZLN.

Viene de la tradición eclesial de Samuel Ruiz. La de la opción preferencial por los pobres que ha luchado por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas frente a los abusos de caciques y, en los últimos años, del crimen organizado.

Por eso gozaba del respeto, cariño y respaldo de la feligresía que hoy exige justicia.

El cobarde asesinato recuerda al que sufrieron los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Tarahumara de Chihuahua en 2022.

La indignación por el hecho y la necedad de López Obrador al aferrarse a su fallida estrategia, llevaron a la Iglesia a convocar al Diálogo Nacional por la Paz que generó una participación sin precedentes de universidades, expertos, comunidades y sociedad civil.

Aunque de ahí surgieron compromisos que suscribieron los candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum apuntó que no compartía el diagnóstico y, por tanto, tampoco las propuestas.

No se puede resolver un problema que no se reconoce.

La militarización y supuesta atención a las causas, expresada con “abrazos, no balazos”, trajeron el sexenio más violento de la historia y la delincuencia se diversificó, extendiendo su control territorial.

Por eso se agudizó el drama de los desplazados en Chiapas, al grado de ingresar a Guatemala para pedir asilo.

El asesinato del padre Marcelo nos alerta sobre el segundo piso de injusticias y tragedias humanitarias, pero su vida nos alienta a no rendirnos.

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La Tómbola

La Tómbola

México camina en sentido contrario.

La Real Academia de Ciencias de Suecia entregó el Premio Nobel de Economía 2024 a James Robinson, Simon Johnson y Daron Acemoglu, por sus estudios sobre la desigualdad mundial.

Ellos demuestran la importancia de instituciones fuertes e inclusivas, así como de un sólido Estado de derecho, para lograr desarrollo y prosperidad.

En contraste, la debilidad institucional, el incumplimiento impune de las leyes y apostar por el extractivismo, llevan al desastre.

En ese sentido, es doloroso confirmar que las críticas vertidas a México en su libro ¿Por qué fracasan los países?, no solo mantienen vigencia, sino que los problemas ahí señalados se agravan aceleradamente.

Lo vimos en el grotesco espectáculo en el Senado, donde definieron con una tómbola a los jueces y magistrados que serán despedidos el próximo año sin causa justificada.

Quienes no salieron sorteados perderán su trabajo dos años después.

En ese circo vimos sepultar proyectos de vida forjados por años de trabajo y estudio dentro de la carrera judicial, la cual hoy destruyen porque no les interesa la preparación, sino la militancia.

Piensan desplazar a los que saben por los que obedecen.

Sin división de poderes no hay democracia ni Estado de derecho. Solo la arbitraria discrecionalidad del gobernante y la corrupción de juzgadores improvisados que, sin conocimientos, fallarán de acuerdo a la línea que les tiren, los compromisos adquiridos en campaña o el dinero que reciban.

Pero no solo es el asalto y degradación del Poder Judicial, muchas instituciones han sido erosionadas o destruidas.

La Profepa no hizo nada frente a la destrucción de la selva, el INE y el Tribunal Electoral están capturados por el gobierno. La CNDH es tapadera del gobierno militarista.

Desaparecieron al Instituto de Evaluación Educativa y harán lo mismo con el INAI, la COFECE y Telecom, entre otros organismos autónomos.

Insisten en concentrar el poder, aunque se lleven al país entre las patas.

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Chilpancingo

Chilpancingo

El crimen manda.

El domingo seis de octubre se encontró el cadáver decapitado de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo.

Los criminales quisieron que su macabro mensaje tuviera la máxima difusión. Dejaron la cabeza en el toldo de una camioneta estacionada en transitada calle, frente a un hotel, con el cuerpo en el interior y la credencial de elector a la vista.

Llevaba menos de una semana en el cargo, y a su secretario del Ayuntamiento lo asesinaron tres días antes y, a quien sería su secretario de Seguridad, el 27 de septiembre.

A pesar de esos hechos y que clamara por auxilio en el programa de Ciro Gómez Leyva, no se le dio protección. 

Sin embargo, Omar García Harfuch asegura que no la había solicitado, quizá porque la gobernadora Evelyn Salgado nunca le contestó el teléfono y el gobierno federal necesita de un oficio membretado para darse por enterado de la violencia homicida contra servidores públicos en la capital del estado de Guerrero.

El caso es que abandonaron a su suerte a un gobernante de oposición y ahí están las consecuencias.

El sexenio de López Obrador fue dos meses más corto, pero eso no obstó para ser el más violento de la historia: 200 mil homicidios, 55 mil desaparecidos y fosas clandestinas por todo el país.

Hoy el crimen organizado es más poderoso que nunca, política y económicamente, y esa es la herencia más nefasta que le deja a Claudia Sheinbaum.

Lo que no pudo heredarle son los acuerdos de la Pax Narca que en vano promovió a punta de abrazos, tal y como se lo advirtió Porfirio Muñoz Ledo.

Eso explica el despunte de la violencia con el cambio de gobierno.

Los cuatro ejes que presentó el nuevo secretario de Seguridad suenan bien. El problema es que Harfuch es un jefe de policía sin policías y estará a expensas del mando militar de la Guardia Nacional.

Y, algo peor, por la obsesión de apoderarse del Poder Judicial le están abriendo la puerta al crimen para tener sus jueces y comerciar con la justicia.

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El beso

El beso

¡Qué decepción!

Claudia Sheinbaum tomó protesta como la primera presidenta de México. Lástima que haya desperdiciado el acontecimiento para promover el culto a la personalidad de un hombre que, además, entrega el país en peores condiciones que como las encontró.

Más que el discurso de una mujer de Estado, escuchamos la reivindicación facciosa de la figura, trayectoria y labor de su antecesor, como si el único destinatario de sus palabras fuera López Obrador.

Repitió los mitos fundacionales del obradorismo, avaló logros imaginarios del que se va, atacó con las mismas falacias a los mismos adversarios y terminó con arengas a favor de su movimiento.

Ni una palabra para quienes disienten, aunque el 42 % de los ciudadanos votó por la oposición. No habló de diálogo ni de pluralidad, no convocó a la reconciliación ni le dio vuelta a la página de la polarización.

Su mensaje fue de ortodoxa continuidad populista sin pizca de autocrítica.

Es verdad que se comprometió a promover la transición energética y dar certezas a las inversiones. Pero avaló el asalto al Poder Judicial que apuntala el autoritarismo, genera incertidumbre y pone en riesgo la continuidad del T-MEC. Lo justifica con el sambenito de combatir la corrupción sin darse por enterada que en eso fracasó rotundamente López Obrador.

Asegura que con ella llegaron todas, pero ignoró a las madres buscadoras y a las víctimas de la violencia después de un sexenio con 200 mil homicidios y 55 mil desaparecidos.

Y, para colmo, después de reivindicar la lucha de las mujeres que contribuyeron a romper el techo de cristal, besó la mano de Manuel Velasco, cacique del Partido Verde y emblema de la corrupción política en sobres amarillos.

Dirán que solo fue un mal inicio, pero el tiempo apremia. Le dejaron muchos fierros en la lumbre y los resultados hablarán por su gobierno. 

Algunos confían en que se sacudirá la sombra del caudillo y no dudará en rectificar. A mí cuéntenme entre los escépticos: hasta no ver, no creer.

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Dictador

Dictador

El descaro total.

En la madrugada del 25 de septiembre se aprobó en el Senado la reforma que le quita el último candado a la militarización.

Otra vez, el oficialismo logró la mayoría calificada gracias a la traición de los Yunes y no solo adscribió la Guardia Nacional a la Sedena; modificaron el artículo 129 que viene desde la Constitución de 1857, el cual establecía que en tiempos de paz ninguna autoridad militar podía tener más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.

No tiene que ver con la eficiencia ni con la seguridad.

Las obras de infraestructura encargadas a las Fuerzas Armadas tuvieron largos retrasos y enormes sobrecostos, y éste ha sido el sexenio más violento: 200 mil asesinados, 55 mil desaparecidos y 71 mil cuerpos sin identificar. Con el pretexto de no golpear al avispero, han permitido al crimen expandirse, dejando amplias regiones bajo su control y a millones de mexicanos en la zozobra.

El propósito de darles tanto poder y dinero, incluyendo el manejo de puertos, aeropuertos y aduanas, es hacerlos cómplices y pilares del nuevo régimen, tal y como sucede en las dictaduras bolivarianas de Venezuela, Cuba y Nicaragua, para que, cuando les falten votos, se sostengan con las armas.

López Obrador está sepultando la democracia que le permitió llegar a la presidencia, gracias a la sobrerrepresentación obsequiada por las mismas autoridades que le dieron impunidad, a pesar de haber violado sistemáticamente la ley y operado una elección de Estado.

El asalto al Poder Judicial no deja lugar a dudas: quiere acabar con cualquier resistencia a su voluntad.

Que nadie se engañe, él no se retira, quiere seguir mandando desde su rancho. Por eso deja copada a su sucesora con incondicionales en el gabinete y mantiene el control de ambas cámaras.

Los gobernadores de Morena se la deben a él y dejó a su secretaria de Gobernación y a su hijo Andy al frente del partido para seguir palomeando candidaturas.

Pero mientras el dictador piensa en el maximato, los ciudadanos nos organizaremos para recuperar nuestro país.

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El regreso de Zedillo

El regreso de Zedillo 

Más vale tarde que nunca.

El pasado 15 de septiembre, el ex presidente Ernesto Zedillo rompió su regla autoimpuesta de guardar silencio sobre lo que acontece en México, la cual había cumplido durante 24 años.

Pronunció un discurso memorable en la Asociación Internacional de Abogados, señalando con valentía y claridad la verdadera transformación del país que promueve López Obrador: el paso de la democracia a la tiranía.

No era para menos. La contrarreforma constitucional recién aprobada cruza una línea roja al echar por la borda treinta años de independencia y profesionalización judicial, acabando con la división de poderes y debilitando aún más el endeble Estado de derecho.

Por supuesto que hay mucho que corregir y mejorar en la impartición de justicia, pero nada de lo ahí establecido servirá para eso, al contrario, empeorará las cosas porque asuntos de gran importancia para las personas estarán en manos de juzgadores parciales, comprometidos e improvisados.

Zedillo desenmascara la farsa. No será el pueblo el que elija ministros, magistrados y jueces, como repite la demagogia oficial, será el régimen el que determine quiénes estarán en la boleta y las clientelas definirán el resultado.

Es un burdo asalto al Poder Judicial sin legitimidad, pues se logró gracias a la inconstitucional sobrerrepresentación que les concedieron sometidas autoridades electorales, al uso faccioso de las fiscalías para extorsionar senadores de oposición y al desacato de resoluciones judiciales.

López Obrador firmó en 1996 los históricos acuerdos de la transición que está revirtiendo de manera unilateral. Sin ellos jamás hubiera llegado a la presidencia.

Lo que sigue, según su Plan C, es exacerbar la militarización del país, desaparecer los órganos autónomos e imponer una regresiva reforma electoral.

Así consumaría su traición a la democracia. Quiere seguir mandando desde su rancho y que su hijo herede el poder después de Sheinbaum.

Pero falta que los mexicanos se lo permitamos.

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Traidores

Traidores

Operaron como la mafia.

En la madrugada del 11 de septiembre y en medio de protestas reprimidas con gases y granaderos, se consumó el golpe a la República.

Con 86 votos a favor y 41 en contra se aprobó la reforma constitucional que acaba con la independencia judicial y presagia caos e incertidumbre, al remover juzgadores profesionales para poner en su lugar a improvisados sin preparación ni experiencia, controlados desde el poder político y cargando potenciales vínculos con la delincuencia.

Para lograrlo, el oficialismo capturó a las autoridades electorales que les otorgaron espuria mayoría calificada en la Cámara de Diputados y corrompió a cuatro senadores para comprarla en el Senado. Usaron a las fiscalías para poner sobre la mesa expedientes y órdenes de aprehensión contra ellos y sus familiares, además de la persuasión con efectivo, cargos y promesas.

Se negaron a escuchar a trabajadores y estudiantes, los cuales irrumpieron en la sesión tras conocerse que no todos los senadores de oposición cumplirían su palabra. 43 se habían comprometido a votar en contra, debieron ser 45, pero a los del PRD, Araceli Saucedo y José Sabino, los compraron antes de tomar posesión. Necesitaban doblar a uno más para pasarla y consiguieron dos.

Detuvieron al padre de Daniel Barreda, lo que sirvió de pretexto al senador de MC para desaparecerse todo el día y no llegar a la votación más importante de la legislatura. Eso no justifica su ausencia, pero a nadie va a extrañar que dejen de perseguir a esa familia en Campeche.

El descaro total fue con los Yunes, hijo titular y papá suplente. Alegando un problema de salud que resultó de súbita recuperación, el primero pidió licencia para que el jefe político sellara el infame pacto.

López Obrador debió disfrutar la humillación y el escarnio de su histórico adversario, cuyas investigaciones en su contra las dio a conocer él mismo.

Los traidores hicieron mucho daño, pero en el pecado llevarán la penitencia. 

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