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Los sepultureros

Los sepultureros

Se disponen a derribar la escalera por la que subieron.

Claudia Sheinbaum nombró una comisión de empleados para elaborar la reforma electoral. De ellos solo Pablo Gómez tiene experiencia en la materia, pero todos representan al grupo en el poder. Organizarán foros, pero únicamente los siete comisionados obedientes tendrán voto, es decir, más allá de simulaciones, decidirá el jefe de todos ellos.

Por primera vez en tres décadas, los cambios no responderán a demandas de la oposición para emparejar la cancha, sino vendrán del gobierno con la intención de facilitar elecciones de Estado, controlar su organización y asegurarse la mayoría calificada en ambas cámaras, es decir, para garantizar su permanencia en el poder. Retroceso de medio siglo.

No solo excluyeron a la pluralidad política, expertos, académicos y sociedad civil, también al Poder Legislativo que formalmente la aprobará. Todos podrán hablar, pero nada los desviará de la ruta trazada por el caudillo en el plan C. Ya acabaron con la República, ahora le darán el tiro de gracia a la democracia.

Reducir el costo de las elecciones debilitará controles y facilitará la trampa. Disminuir financiamiento a partidos acrecentará la inequidad, beneficiando a quienes disponen de recursos públicos y usan programas sociales con fines electorales, además de incentivar la entrada de dinero ilegal. Eliminar pluris o reducirlos hará que no necesiten violar la ley para sobrerrepresentarse en demasía y sigan cambiando la Constitución a su antojo. Apoderarse de las autoridades les permitirá ganar incluso cuando pierdan, pero regresará la desconfianza en los resultados.

Sheinbaum reciclará la farsa populista de decir que consulta al pueblo con encuestas sesgadas para legitimar decisiones ya tomadas.

En lugar de asumir la presidencia, insiste en cumplir el proyecto autocrático de López Obrador con la ayuda de sepultureros que, como el tantas veces pluri Pablo Gómez, se beneficiaron de la transición que están por revertir.

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Justicia para Irma

Justicia para Irma

No tienen alma.

A Irma Hernández Cruz la secuestraron el 18 de julio en Álamo, Veracruz. El rapto de la maestra jubilada de 62 años ocurrió cuando fue interceptada por un grupo armado mientras conducía su taxi, trabajo que le permitía completar el gasto. La obligaron a grabar un video arrodillada, rodeada por encapuchados armados que le apuntaban, para advertir a los demás taxistas que pagaran su cuota a la Mafia Veracruzana o terminarían como ella.

Seis días después del secuestro, hallaron el cuerpo sin vida de Irma con múltiples lesiones. La gobernadora Rocío Nahle se apresuró a decir que falleció por un paro cardíaco tras ser violentada, tratando de restar gravedad al ominoso crimen.

Luego, frente a la indignación que causaron sus palabras, decidió llamar miserables a medios, periodistas y ciudadanos que divulgaron los trágicos hechos por hacer escándalo, en lugar de hablar de sus imaginarios logros en materia de seguridad.

La mandataria no cree que sea nota que el crimen organizado se sienta tan impune en Veracruz como para subir a redes sociales el video de una señora mayor secuestrada, a la que sentenciaron a muerte, con el objetivo de extorsionar choferes. Insiste en que se trata de un compló contra su gobierno, siguiendo el muy reciclado guion del líder de la secta, para que la víctima sea ella y no la maestra asesinada.

Pero mientras la mujer con más poder en el estado se victimiza, siguen los crímenes contra taxistas en Veracruz.

El lunes 28 de julio plagiaron a uno y atentaron contra la vida de otro en Tuxpan, dejándolo herido. Al día siguiente, un sicario acudió a rematarlo al hospital del IMSS-Bienestar, ultimando a su padre que lo cuidaba, el señor Germán Cruz.

La presidenta Sheinbaum ha respondido cuestionamientos de la prensa, evitando llamar a Irma por su nombre y, aunque reconoce que fue asesinato, respalda a la gobernadora de su partido.

Frente a la indolencia de los gobernantes, lo que toca a la sociedad es exigir justicia.

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AMLO y Adán

AMLO y Adán

Paisanos, amigos y cómplices.

Si Adán Augusto López Hernández ha llegado tan alto es porque goza de la confianza del expresidente. Ambos se afiliaron al PRI en 1976 y el padre de aquél, el abogado y notario Payambé López Falconi, ayudó a López Obrador en momentos difíciles, tanto personales como políticos.

El macuspano propuso a Adán Augusto gobernador interino de Tabasco en el 2000 y, ante la negativa priista, se sumó al PRD. Desde entonces impulsó su carrera, lo mismo que la de su hermana y su cuñado.

Andrés Manuel lo llama hermano y como mandatario siempre salió a defenderlo, incluso en el nombramiento y permanencia de su secretario de Seguridad Pública y hoy prófugo de la justicia, Hernán Bermúdez.

Aunque el general secretario Ricardo Trevilla quiso deslindar a López Obrador afirmando que no compartieron con él los partes militares que daban cuenta del contubernio con La Barredora y el Cártel Jalisco para el huachicol y tráfico de personas, por ser información no procesada, otro tabasqueño cercanísmo al exmandatario, Audomaro Martínez, director del Centro Nacional de Inteligencia, los tuvo en su escritorio.

Además, Guacamaya los publicó tras hackearlos y el 17 de octubre de 2022, la periodista de Proceso, Dalila Escobar, preguntó a Obrador sobre el particular y éste respondió descalificando a la prensa.

Los dos supieron y voltearon hacia otro lado. Mantuvieron al interino Carlos Merino en la gubernatura y a Hernán Bermúdez como secretario de Seguridad. Adán Augusto en Gobernación contó en todo momento con la confianza presidencial para comprar gobernadores con embajadas a cambio de apoyo electoral a Morena. Y ya como coordinador en el Senado se jactó de corromper a la familia Yunes para sacar la reforma judicial.

Adán Augusto es un fusible quemado, pero sabe mucho de López Obrador y su familia. Eso puede servirle para librarla y no ser extraditado a Estados Unidos, cuyo gobierno sigue presionando al de México para que le entregue pejes gordos.

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Dato Protegido

Dato Protegido

El poder no los cambia, los muestra tal y como son.

Con el voto de calidad de la magistrada presidenta Mónica Soto, el Tribunal Electoral sancionó por violencia política de género a la ciudadana y ama de casa, Karla Estrella. El motivo fue decir en un tuit que imaginaba el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna, hoy presidente de la Cámara y entonces diputado y representante de Morena en el INE, así como en la negociación que repartió los distritos de la coalición oficialista, para incluir a su esposa como candidata, en virtud de que rehicieron las fórmulas para acomodarla.

Aunque no fue mencionada por nombre, la diputada Diana Barreras presentó una queja contra Karla que, a pesar de lo absurdo de la acusación, fue procesada con diligencia, mientras congelaban las de Xóchitl Gálvez contra López Obrador.

La pena es infame: debe pagar multa, capacitarse con cursos y lecturas y disculparse durante 30 días con la supuesta víctima que en realidad es victimaria. Como la diputada tuvo la soberbia de ignorar la comunicación para autorizar el uso de su nombre en la disculpa, Karla debió poner la frase Dato Protegido.

El abuso de poder resultó contraproducente a los influyentes cónyuges con fuero. La sociedad se solidarizó masivamente con la agraviada, condenó la corrupción que pone a instituciones al servicio de una venganza personal y los colocó en la picota.

No es un hecho aislado, en Morena están embriagados con tanto poder. Noroña, el cavernario presidente del Senado, también humilló a un ciudadano, obligándolo a disculparse para no ir a prisión.

Es aberrante la perversión de la figura de violencia de género. Con ese mismo pretexto, el Instituto Electoral de Tamaulipas amenaza a Héctor de Mauleón y a El Universal para que borren una columna que revela protección política al huachicol, debido a una queja de Tania Contreras, exconsejera jurídica del gobernador, que ahora será presidenta del Tribunal de Justicia por gracia del acordeón. La desvergüenza autoritaria.

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El canto de Ovidio

El canto de Ovidio

Y otros ya están afinando la garganta.

La Fiscalía de Nueva York retiró los cargos a Ovidio Guzmán, tras conocerse un acuerdo de éste para que su caso sea procesado en Chicago, donde enfrenta acusaciones paralelas. Este 11 de julio es su audiencia para declararse culpable y en una posterior le dictarán sentencia, misma que se espera benévola, pues es obvio que ha dado información relevante y colaborará como testigo en otras investigaciones. De ahí el nerviosismo del régimen obradorista.

Joaquín, su hermano, se entregó llevando contra su voluntad al Mayo Zambada y se espera que también llegue a un acuerdo. Además, 17 de sus familiares fueron a refugiarse a California para ser protegidos, lo que apunta a que las revelaciones pegan alto y fuerte.

En lugar de saludar la colaboración del hijo del Chapo, Sheinbaum cuestionó a Estados Unidos por negociar con él sin informar a Gertz Manero, confirmando que no les tienen confianza. La presidenta se cura en salud, demandando desde ahora pruebas, reparo que no hubo con los testigos que señalaron a García Luna.

Le atormenta que su antecesor salga embarrado. De por sí el expresidente anda maltrecho por acusaciones de financiamiento a sus campañas y las sanciones del Departamento del Tesoro a Vector, casa de bolsa de Alfonso Romo –su recaudador, operador financiero y jefe de oficina-por lavar dinero. Gobernantes y dirigentes de Morena están preocupados y no hay que perder de vista lo que menciona el periodista Héctor de Mauleón: Ovidio, tras ser liberado por López Obrador, se instaló en la capital para operar la entrada de precursores por el aeropuerto de la Ciudad de México.

La Casa Blanca ha insistido en la alianza intolerable del gobierno mexicano con los cárteles y que éstos controlan buena parte del país.

Habrá más testigos, algunos líderes podrían ser condenados a la pena capital si no llegan a un acuerdo. Además, agencias y servicios de inteligencia poseen mucha información. Los tienen en un puño.

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Militarización

Militarización

El nuevo régimen es una autocracia cívico militar.

La influencia política de las Fuerzas Armadas ha regresado a niveles posrevolucionarios. No solo por la cantidad de facultades y tareas civiles que les han transferido -que son muchas, importantes y rentables-, sino también porque les dieron el control de los servicios de inteligencia. Podrán investigar delitos y les abrieron las puertas para encabezar gobiernos y ser representantes populares.

La Guardia Nacional que originalmente se pensó como una corporación civil, nunca lo fue y ya formalizaron su adscripción a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Además de encargarse de la seguridad pública, podrá hacer labores encubiertas y, al igual que el Ejército y la Marina, tendrá acceso a las bases de datos, públicas y privadas, del Gobierno Espía, así como solicitar a las compañías de telefonía la geolocalización en tiempo real y el historial de llamadas y mensajes de cualquier celular.

De manera explícita se establece que los militares en activo, con solo pedir licencia seis meses antes de la elección, podrán ser candidatos a cualquier cargo de elección. Desde regidor hasta presidente de lo que hace poco todavía era República, pasando por alcalde, diputado, senador y gobernador.

Algunos dirán que regresamos a los treintas, porque, al igual que en los tiempos de Calles se instaló un maximato y, como en los de Cárdenas, el partido oficial tendrá de facto un sector militar.

Pero este empoderamiento castrense expresa la conformación de una alianza para que las Fuerzas Armadas sean pilar del régimen autoritario, lo cual también es propio del eje bolivariano, Cuba-Venezuela-Nicaragua.

No solo concentraron el poder y acabaron los contrapesos, no solo censuran periodistas y ciudadanos. Van por el control político de las telecomunicaciones y la radiodifusión y están instaurando un Estado Policiaco, cada vez más militarizado, que espía y conculca derechos humanos con impunidad. La dictadura bananera del bienestar.

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Estado Policiaco

Estado Policiaco

Le dieron la razón a Zedillo.

El autoritarismo del régimen se desparrama por todos lados. No es solo la captura del poder judicial con el grosero fraude electoral del acordeón, lo que pone fin al último contrapeso y salvaguarda frente al despotismo, también la persecución y el uso faccioso de las instituciones, así como las facultades policiacas e instrumentos de control que se están dando con la espuria mayoría calificada en el Congreso.

Hasta qué punto hemos llegado que los órganos electorales, diseñados para tutelar derechos, son utilizados para reprimir la libertad de expresión, tanto de periodistas como de ciudadanos, llegando al extremo de bajar publicaciones, prohibir que escriban sobre ciertos temas, imponer multas y obligar a pedir disculpas, pervirtiendo la figura de violencia de género, la cual ha sido convertida en ariete de censura.

No es menos preocupante la creciente militarización del país. La Guardia Nacional será completamente castrense, tendrá atribuciones de investigación e inteligencia sin controles civiles y sus miembros gozarán de fuero militar. Podrán rastrear celulares y espiar a discreción. El partido oficial dará candidaturas a mandos militares.

Se establecerá una nueva CURP con fotografía y datos biométricos que serán resguardados por la Secretaría de Gobernación. La Ley contra el lavado de dinero permitirá congelar cuentas con la pura sospecha y sin orden judicial. Sumen a eso la prisión preventiva oficiosa, las fiscalías carnales y el control político de los jueces. El Estado Policiaco ya está delineado y algunas de sus partes en operación.

Con la Ley Mordaza se darán el control de las concesiones en los medios y la posibilidad de bajar cuentas y plataformas. Y Sheinbaum ya anunció la reforma electoral que reducirá aun más el pluralismo y acabará con cualquier vestigio de autonomía.

La democracia ha muerto y frente a la dictadura naciente lo que toca es resistir, construir la alternativa y llamar a restaurar la República.

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Invasores

Invasores

Ya legalizaron hasta el fraude electoral.

El director del Infonavit, Octavio Romero, el mismo que quebró Pemex, disparó el huachicol y le dieron la facultad de disponer de los ahorros de los trabajadores sin su consentimiento para invertirlos en proyectos inmobiliarios, a través de una constructora que él mismo maneja, anunció un esquema para legalizar invasiones.

Asegura que, en la mayoría de 145 mil viviendas adquiridas con créditos del Infonavit que no han sido cubiertos, están habitadas por personas que se metieron ahí por supuestamente verlas desocupadas.

Informó que desde el gobierno de López Obrador se tiene la orden de no desalojarlas y, por lo tanto, podrán seguir viviendo en el predio sin problema.

Pero no solo eso, ahora tendrán incluso la opción regularizarla y escriturarla a su nombre a cambio de módicos pagos mensuales.

Al día siguiente, la secretaria de Gobernación matizó diciendo que si hubiera denuncia penal, no podría aplicarse tal procedimiento. Pero lo cierto es que en el país opera un extensa e impune industria del despojo, de manera notable en la capital y el Estado de México, la cual sería impensable sin la complicidad de funcionarios públicos y algunos notarios.

Ubican casas habitadas por personas mayores, que estén intestadas o adeuden prediales y servicios, para invadirlas, mostrar documentos de pago y escrituras falsas para llevar litigios interminables.

Incluso han llegado a expropiar predios en disputa para construir vivienda social a favor de organizaciones vinculadas al partido en el gobierno para hacer proselitismo.

El caso de la abuela Carlota en Chalco se hizo viral por hacerse justicia con propia mano. Pero muchas familias se encuentran en la misma situación de impotencia.

Y será peor después de la elección judicial, pues los improvisados juzgadores tendrán que cumplirle a quienes los pusieron en las boletas y en el acordeón, los cuales sabrán cobrar el favor. La caquistocracia obradorista, también es cleptocracia.

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Los Ángeles

Los Ángeles

El pez por su boca muere.

Después de que Sheinbaum acusara de injerencista a la OEA por sus recomendaciones, tras observar la fraudulenta elección judicial, la secretaria de Seguridad de EU, Kristi Noem, la acusó a ella de alentar protestas violentas en Los Ángeles.

En realidad, la presidenta advirtió hace un par de semanas que habría movilizaciones en ambos lados de la frontera si aprobaban el impuesto a las remesas. Aunque la aclaración es pertinente, no por eso sus dichos dejan de ser imprudentes y tener consecuencias.

Sus palabras, así las hayan sacado de contexto, sirvieron para apuntalar la narrativa antiinmigrante, lo mismo que los que recurrieron al vandalismo, cayendo en la provocación, o aprovecharon la oportunidad para saquear.

La inconformidad con las redadas de ICE es extendida en aquella y otras ciudades santuario y la inmensa mayoría de los manifestantes se llevaron a cabo de manera pacífica. Pero un puñado de radicales que ondearon banderas mexicanas dieron a Trump la imagen que deseaba para ilustrar lo que llama invasión extranjera y asociarla con delitos y violencia.

La alcaldesa de Los Ángeles y el gobernador de California rechazan la intervención federal y responsabilizan a Trump de escalar el conflicto.

Desde 1965 no enviaban a la Guardia Nacional sin la petición del gobierno local y contra el deseo de la mayoría de la población, pero entonces fue para garantizar el derecho a la educación de la minoría afroamericana en Alabama y ahora lo hacen para acosar migrantes en la lógica de primero deportan y luego averiguan.

Como muchos mexicanos tengo familia viviendo y trabajando en Estados Unidos. Sé de la incertidumbre y el miedo en la comunidad mexicoamericana, incluso la que tiene papeles y es residente. Mi corazón está con ellos.

Pido a Sheinbaum que fortalezca a la red consular con profesionales del servicio exterior y recursos para contratar abogados. Eso sirve más que la demagogia patriotera que, está visto, acaba por revertirse.

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Fraude

Fraude

Les salió fatal.

Nunca una elección constitucional había tenido tanta abstención como la judicial. El 88% de los ciudadanos decidieron no votar, y por la cantidad de votos anulados y en blanco, la votación efectiva será de solo un dígito.

Para la Suprema Corte los nulos llegaron al 22% y, quien se perfila para ser su presidente, no alcanzó ni la cuarta parte de esa cifra. Y en las demás elecciones la nulidad de sufragios será muy superior.

Pero el tremendo fiasco no es solo porque más de 85 millones de ciudadanos le dieron la espalda al ejercicio, sino también porque el fraude marcó de manera determinante el proceso.

Desde las campañas anticipadas e inequidad en la contienda a favor de las ministras oficialistas, pasando por el sesgo ideológico en la conformación de las boletas, el atropello de derechos y la violación de las normas con la bendición del Tribunal, la elección ya venía manchada. Pero con el uso generalizado y sistemático de acordeones para inducir el voto la convirtieron en un cochinero inaudito.

Por eso los resultados coincidieron con el acordeón oficial que se distribuyó en distintos formatos desde los gobiernos y las estructuras de Morena.

No solo intervinieron quienes tienen prohibido hacerlo. Se metieron para acarrear electores y coaccionar el sufragio con guías de votación, conculcando el voto libre y secreto. Eso no fue la excepción, sino la regla.

Del pequeño universo de votantes, la gran mayoría dejó que otros decidieran por quiénes votarían, de tal suerte que los pocos ciudadanos libres que acudieron a las casillas con sus propias anotaciones fueron arrasados por los acarreados.

Con un mínimo de decencia y apego a la ley, el Tribunal Electoral debería anular la elección. Pero sabemos que está controlado por el Ejecutivo, el cual se frota las manos porque, haiga sido como haiga sido, asaltó el Poder Judicial.

Pero, en cualquier caso, el nuevo régimen autoritario nace sin legitimidad y ahí está el germen de su caída.

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