El plagio impune  

El plagio impune  

Prevaleció la trampa.

El maestro Guillermo Sheridan demostró que la ministra Yasmín Esquivel plagió su tesis de licenciatura. Después el diario El País comprobó que hizo lo mismo con la del doctorado.

En ambos casos, las pruebas son contundentes. Pero con la del posgrado, la Universidad Anáhuac alegó que era asunto cerrado según su normatividad porque ya habían pasado más de tres años del examen doctoral.

Donde sí se investigó fue en la UNAM.

Primero lo hizo la FES Aragón, donde ella realizó sus estudios. Esquivel presentó prácticamente el mismo texto de uno presentado casi dos años antes en la Facultad de Derecho. solo le faltó copiar el trabajo de campo. 

El Consejo Técnico confirmó el fraude académico, pero frente al escándalo y la molestia de la ministra, el Consejo Universitario atrajo el caso y acordó que su Comisión de Ética hiciera la investigación correspondiente.

El dictamen se concluyó desde junio de 2023. Pero la ministra usó sus influencias en el poder que preside para silenciar a la Universidad y que no se dé a conocer.

De hecho, como reveló Animal Político, gente cercana a ella y ligadas al régimen fueron claves para la resolución del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que, en grosera violación a la autonomía universitaria y a la libertad de expresión, ordenó a la Máxima Casa de Estudios archivar el caso y mantener oculto el estudio.

Es falso que ahí se haya determinado la autoría de la tesis por parte de Esquivel, como ésta alegó, solo la imposibilidad de quitarle el título pese a que la autoridad universitaria acredite el plagio, algo que solo corresponde decidir a la UNAM.

De cualquier forma, la chicanada y el trinquete se impusieron al derecho y es un presagio de lo que viene con la captura del Poder Judicial. 

Como apuntó Jesús Silva-Herzog, hay juzgadores que se acomodan, quedando bien con los que definirán los resultados de la anunciada farsa electoral y la presidenta Sheinbaum defendió el ocultamiento como causa patriótica.

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 Atraco al INFONAVIT

Atraco al INFONAVIT

 Ven al Estado como botín.

En otro albazo legislativo, la mayoría oficialista en el Senado aprobó cambios a la Ley del Infonavit. 

En menos de 24 horas publicaron la iniciativa, aprobaron el dictamen en comisiones y lo votaron en el pleno. 

No solo ignoraron a la oposición, como es su costumbre, también a los sectores patronal y laboral que aportan y forman parte del instituto.

Esto es muy grave, pues no estamos hablando de recursos del erario, sino del ahorro de los trabajadores.

Los cambios trastocan el equilibrio tripartita y dan primacía al gobierno para disponer de más de dos billones. Es decir, dos millones de millones de pesos que están en las subcuentas de quienes tienen empleo formal y cotizan. 

El Director General tendrá derecho de veto, será designado por el Ejecutivo sin el aval de la Asamblea General y tendrá mayoría absoluta en las comisiones de Vigilancia, Transparencia y Auditoría.

Nadie se opone a la construcción de cientos de miles de viviendas, ni a que el pago de la renta abone su compra, sino al manejo arbitrario, discrecional, opaco, sin controles ni rendición de cuentas del dinero que pertenece a los trabajadores, los cuáles tienen el derecho de decidir cómo usarlo y dónde quieren vivir.

El anuncio de crear una constructora del Infonavit para canalizar por ahí todo el dinero, acrecienta las sospechas de corrupción, al igual que la imposición como director de Octavio Romero, el agrónomo tabasqueño y amigo del ex presidente que dejó quebrado a Pemex.

Recordemos que se tragaron los fondos para contingencias financieras, para desastres naturales, para atender enfermedades catastróficas, para la investigación científica, para las prestaciones en el Poder Judicial, bueno, hasta le dieron una mordida a las Afores. 

Son incapaces de generar crecimiento, pero su voracidad no tiene límite y rascan hasta el último rincón para hacerse de recursos, sean públicos o privados. Si se salen con la suya, de ahí alimentarán al cochinito de Andy.

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La boda en el MUNAL

La boda en el MUNAL

Los privilegios nunca se fueron. 

El periodista Claudio Ochoa reveló que el Palacio que alberga al Museo Nacional de Arte, conocido como MUNAL, fue utilizado para celebrar el matrimonio de un alto funcionario público del gobierno federal, violando la normatividad para su uso.

Peor aún, el espacio fue solicitado por el feliz novio en su calidad de Jefe de oficina de la Cancillería.

Martín Borrego Llorente engañó a las autoridades del museo, enviándoles un oficio en el que comunicaba que el motivo de la solicitud era realizar un cocktail para celebrar los 89 años de relaciones diplomáticas entre México y Rumania, en cuya Embajada labora su pareja, Ionut Volcu.

No solo hay imágenes y mensajes en redes sociales que confirman la fiesta de bodas. Ya salieron a la luz las invitaciones y hasta la mesa de regalos, despejando cualquier duda. 

Por eso, tras negarlo y que la nueva administración de la Secretaría de Relaciones Exteriores informara el inicio de una investigación, Borrego presentó su renuncia. En un desesperado intento por salvar a su jefa y excanciller Alicia Bárcena, cuya cercanía y confianza es tal, que se lo llevó a Semarnat.

La secretaria se deslinda, aunque aparece en fotos y videos acompañando a los novios. Tanto en la misa previa que se ofició en la capilla de Los Ángeles de la Catedral, como brindando en el fastuoso evento en el Munal.

Falta saber cómo se pagaron los 355 mil pesos que cobró el patronato y, si en efecto, fueron fondos privados como asegura el renunciante.

Éste no ha mostrado la factura y con la desaparición del INAI, será más difícil averiguar si usaron recursos públicos.

La hipocresía y doble moral es sello del régimen. López Obrador hizo construir un cuartel militar y un hospital en los alrededores de su rancho y los hoy empoderados imitan a su líder, viviendo en la simulación y cubriéndose con demagogia.

En este caso, la excentricidad se salió de control, estalló el escándalo y habrá chivo expiatorio para que todo siga igual.

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El regreso de Trump

El regreso de Trump

No será lo mismo.

El 20 de enero de 2025 comienza el segundo mandato de Donald Trump. No obstante haber sido hallado culpable, tener procesos abiertos y ser implicado en la irrupción golpista en el Capitolio, ganó el voto popular y con holgura el Colegio Electoral.

Mejor resultado que en su primera victoria y ahora contará con mayoría en ambas cámaras, es decir, llega más fuerte y con menos contrapesos.

Como ya no puede reelegirse, la autocontención carece de incentivos, lo cual se confirma con los perfiles radicales y poco experimentados que ha anunciado para el gabinete.

Durante su campaña reiteró que los principales males y peligros de Estados Unidos provienen de la frontera sur y no quiere esperar a tomar posesión para hacer sentir su poder.

Por eso recurre a la misma amenaza de aranceles que le funcionó para doblar a López Obrador, pero ahora no parece que vaya a conformarse con ver militares mexicanos deteniendo migrantes, ni con los miles de solicitantes de asilo esperando sus juicios en este lado del Río Bravo.

Quiere también parar la importación de componentes chinos en manufacturas mexicanas, así como el tráfico de fentanilo.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con carta pública para sus bases, emulando los tuits de su interlocutor. Luego gestionó una llamada telefónica dos días después que el canadiense Justin Trudeau, quien después se entrevistará con Trump en Mar a Lago, aislando a México en la negociación.

Por indolencia y exceso de confianza, el régimen obradorista colocó al T-MEC en la tablita. No solo por violarlo a discreción, la certeza jurídica no cabe en un país que tarda una semana en modificar partes esenciales de la Constitución para complacer caprichos de un expresidente.

Y está la amenaza de intervención si no se actúa contra los cárteles.

Pero la presidenta que insiste en quejarse por la captura de ‘El Mayo’ no ve esa posibilidad y nos tranquiliza diciendo que, en caso de ocurrir, tenemos nuestro himno nacional. ¡Qué alivio!

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¿Otro partido?

¿Otro partido?

La esperanza siempre resurge entre quienes no se rinden.

El 23 de noviembre se verificó la segunda sesión del Encuentro Nacional Ciudadano, convocado por el Frente Cívico y otras organizaciones.

Representantes distritales de las 32 entidades del país resolvieron conformar una nueva fuerza política. Según la legislación vigente, el registro es una ventana que se abre cada seis años, es decir, si no se cruza en 2025, habría que esperar hasta el 2031.

El planteamiento es ser distintos para tener credibilidad. Los dirigentes no podrán ser candidatos y estos serán elegidos por los ciudadanos.

Se piensa en una organización que los jóvenes hagan suya, que sume a otros esfuerzos, que sea propositiva y no sólo reactiva. Que represente a quienes quieren un cambio, pero no votarían por los partidos tradicionales, que genere esperanza y sea capaz de convencer abstencionistas y atraer desengañados. 

La ruta no es sencilla, pues el único modelo de partido que se reconoce en México es el de afiliación masiva.

Se requieren un mínimo de 260 mil afiliados y 60 mil militantes verificados en asambleas, sean en 20 estatales de tres mil ciudadanos o en 200 distritales de 300 participantes.

Está última ruta fue la que se eligió porque fortalece la organización territorial, a sabiendas que habrá que afiliar el doble y hacer más reuniones con más ciudadanos, para no dar pie a ser descalificados por el régimen que tiene sometidas a las autoridades electorales.

El objetivo es restaurar la república y sus instituciones, recuperar las conquistas democráticas, así como los derechos y las libertades que se han perdido, y abrir la ruta pluralista hacia un futuro de desarrollo y prosperidad con justicia e igualdad.

La pugna hoy no es entre izquierda o derecha, sino entre democracia o dictadura. Por eso la convocatoria es a los demócratas de cualquier signo, tendiendo la mano al resto de la oposición.

Eso explica que el primer llamado del próximo nuevo partido sea al diálogo.

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Sin INAI

Sin INAI

Los ladrones prefieren la oscuridad.

No les bastó asaltar al Poder Judicial para controlarlo y concentrar aún más el poder, ahora van a desaparecer siete órganos autónomos para acabar con los pocos contrapesos que quedan.

Siguiendo la guía de la restauración autoritaria, establecida por López Obrador con su Plan C, la espuria mayoría calificada que representa solo al 54% de los votantes, se prepara para otra modificación constitucional fast-track sin escuchar a la sociedad y sin analizar las consecuencias de lo que van a aprobar.

Los costos de la eliminación de estos organismos serán altos para el país en muy diversos órdenes. Desde el daño al consumidor hasta las violaciones al T-MEC, pasando por la falta de evaluaciones confiables a políticas públicas y la incapacidad de enfrentar monopolios; pero como el tiempo es escaso y no puedo hablar de todo, me voy a enfocar en la desaparición del INAI.

El Sistema Nacional de Transparencia que está por fenecer fue reconocido en el mundo y se construyó en un auténtico parlamento abierto. La sociedad civil participó en la redacción de la reforma y significó un avance sustancial en el derecho a la información. No es casual que el periodismo de investigación haya gozado de ese revulsivo y revelara, entre otras cosas, no pocos escándalos de corrupción.

Por eso incomoda al poder ser revisado por los ciudadanos. Aunque a López Obrador le gustaba repetir que ‘el que nada debe nada teme’, lo cierto es que él ocultó más información pública que Peña Nieto. Negaba lo que por ley debía dar a conocer, pero difundía datos personales de sus adversarios que tenía la obligación de resguardar.

Ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum solo informará lo que le dé la gana y nadie podrá obligarla a transparentar. No olvidemos que la discrecionalidad y opacidad, así como la falta de controles y ausencia de rendición de cuentas, son características del nuevo régimen que incentivan la corrupción. Apagan la luz para ocultar la robadera.

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Martes Negro

Martes Negro 

Contra la traición no hay defensa.

La Suprema Corte desestimó las acciones de Inconstitucionalidad contra la reforma judicial.

No se alcanzaron los ocho votos requeridos porque uno de los ministros independientes decidió acompañar a las tres porristas del régimen que andan en campaña.

Con ello se cerraron las vías jurídicas para detener o enmendar el despropósito y únicamente quedan los tribunales internacionales que, en todo caso, servirán para denunciar y exhibir el autoritarismo en México.

Alberto Pérez Dayán apuñaló por la espalda a jueces y magistrados que habían puesto sus esperanzas en la histórica discusión del Máximo Tribunal. El golpe es más doloroso porque viene de quien menos esperaban, alguien que sabe lo que significa truncar los proyectos de vida de juzgadores que ascendieron gracias a su esfuerzo, pues él viene de la carrera judicial que contribuyó a tirar a la basura.

Pérez Dayán responsabilizó de la insensata reforma a consejeros del INE y magistrados del Tribunal Electoral por otorgar espuria mayoría calificada al oficialismo, siendo que la Constitución limita la sobrerrepresentación.

Tiene razón, pero escupe al cielo porque lo mismo puede decirse de él por permitir que se conculque el núcleo constitucional de una república que solo es tal, si hay división de poderes y se vulneren derechos humanos. Por cierto, aquellos también justificaron su fechoría alegando precedentes.

Pero el fatídico 5 de noviembre no quedó ahí. Donald Trump regresa al poder con ánimos de venganza y alegando, como López Obrador, un imaginario fraude electoral en 2020. 

Amenaza con deportar 11 millones de migrantes, imponer aranceles a exportaciones mexicanas y renegociar el T-MEC.

Las consecuencias serán planetarias por su afinidad con Putin, sus cuestionamientos a la OTAN y la negación del cambio climático.

Los populismos, de izquierda o derecha, tienen bajo asedio a la democracia liberal. Vivimos tiempos oscuros que encumbran autócratas y polarizan sociedades.

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Supremacía

Supremacía 

Su voracidad no tiene límite.

No les bastó atropellar procedimientos, ignorar a la sociedad y conculcar derechos de las minorías en la reforma judicial, ahora aprueban fast track modificar la Constitución para consagrar su despotismo.

Determinaron que nada ni nadie puede revisar, acotar o atacar lo que ellos decidan con su espuria mayoría calificada.

Se dieron para sí un poder supremo inapelable que es incompatible con la democracia, pues ésta requiere de un sistema de equilibrios, con pesos y contrapesos.

Legislan sobre las rodillas normas constitucionales que polarizan a la sociedad sin hacer el mínimo intento por conciliarlas con disidentes, expertos y activistas. Ignorando a la representación del 46% de los ciudadanos que no votaron por ellos.

Aprobaron que sus reformas son inimpugnables como chicanada para dejar sin materia los juicios interpuestos contra la reforma judicial, aunque ésta acabe con la república y vulnere derechos humanos.

Por fortuna, los ministros cumplirán con su responsabilidad y abordarán el tema a pesar de las amenazas explícitas que han recibido de la nueva oligarquía.

Al proyecto de González Alcántara que busca darle una salida razonable y apegada a derecho a la crisis constitucional, respondieron extorsionándolos con sus haberes de retiro, aunque se atengan a las reglas que ellos mismos les impusieron.

La verdad es que la primera beneficiada con la resolución sería Claudia Sheinbaum, porque le permitiría someter a la Corte sin el despropósito de eliminar la carrera judicial y lidiar con el caos que generarían juzgadores improvisados, electos en un proceso incomprensible y oneroso.

Pero los personeros del régimen salivan con la posibilidad de tener jueces y magistrados para comerciar con la justicia y ya nombraron morenistas para integrar la comisión que palomea a los candidatos.

Los ministros independientes han mostrado honestidad, decencia y dignidad ante el naufragio autoritario. Respaldémoslos el cinco de noviembre.

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El Padre Marcelo

El Padre Marcelo

Nadie está a salvo.

El domingo 20 de octubre fue asesinado el sacerdote Marcelo Pérez al salir de oficiar misa en Cuxtitali, barrio de San Cristóbal de las Casas.

Él se distinguió por su activismo a favor de la paz y tuvo un papel preponderante en la mediación y las mesas de diálogo para el regreso de los desplazados en Pantehló. Razón por la cual recibió amenazas de muerte y fue perseguido judicialmente por el régimen coludido con criminales.

El padre Marcelo era indígena tzotzil, nacido en San Andrés Larrainzar, donde se firmaron los acuerdos con el EZLN.

Viene de la tradición eclesial de Samuel Ruiz. La de la opción preferencial por los pobres que ha luchado por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas frente a los abusos de caciques y, en los últimos años, del crimen organizado.

Por eso gozaba del respeto, cariño y respaldo de la feligresía que hoy exige justicia.

El cobarde asesinato recuerda al que sufrieron los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Tarahumara de Chihuahua en 2022.

La indignación por el hecho y la necedad de López Obrador al aferrarse a su fallida estrategia, llevaron a la Iglesia a convocar al Diálogo Nacional por la Paz que generó una participación sin precedentes de universidades, expertos, comunidades y sociedad civil.

Aunque de ahí surgieron compromisos que suscribieron los candidatos a la presidencia, Claudia Sheinbaum apuntó que no compartía el diagnóstico y, por tanto, tampoco las propuestas.

No se puede resolver un problema que no se reconoce.

La militarización y supuesta atención a las causas, expresada con “abrazos, no balazos”, trajeron el sexenio más violento de la historia y la delincuencia se diversificó, extendiendo su control territorial.

Por eso se agudizó el drama de los desplazados en Chiapas, al grado de ingresar a Guatemala para pedir asilo.

El asesinato del padre Marcelo nos alerta sobre el segundo piso de injusticias y tragedias humanitarias, pero su vida nos alienta a no rendirnos.

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La Tómbola

La Tómbola

México camina en sentido contrario.

La Real Academia de Ciencias de Suecia entregó el Premio Nobel de Economía 2024 a James Robinson, Simon Johnson y Daron Acemoglu, por sus estudios sobre la desigualdad mundial.

Ellos demuestran la importancia de instituciones fuertes e inclusivas, así como de un sólido Estado de derecho, para lograr desarrollo y prosperidad.

En contraste, la debilidad institucional, el incumplimiento impune de las leyes y apostar por el extractivismo, llevan al desastre.

En ese sentido, es doloroso confirmar que las críticas vertidas a México en su libro ¿Por qué fracasan los países?, no solo mantienen vigencia, sino que los problemas ahí señalados se agravan aceleradamente.

Lo vimos en el grotesco espectáculo en el Senado, donde definieron con una tómbola a los jueces y magistrados que serán despedidos el próximo año sin causa justificada.

Quienes no salieron sorteados perderán su trabajo dos años después.

En ese circo vimos sepultar proyectos de vida forjados por años de trabajo y estudio dentro de la carrera judicial, la cual hoy destruyen porque no les interesa la preparación, sino la militancia.

Piensan desplazar a los que saben por los que obedecen.

Sin división de poderes no hay democracia ni Estado de derecho. Solo la arbitraria discrecionalidad del gobernante y la corrupción de juzgadores improvisados que, sin conocimientos, fallarán de acuerdo a la línea que les tiren, los compromisos adquiridos en campaña o el dinero que reciban.

Pero no solo es el asalto y degradación del Poder Judicial, muchas instituciones han sido erosionadas o destruidas.

La Profepa no hizo nada frente a la destrucción de la selva, el INE y el Tribunal Electoral están capturados por el gobierno. La CNDH es tapadera del gobierno militarista.

Desaparecieron al Instituto de Evaluación Educativa y harán lo mismo con el INAI, la COFECE y Telecom, entre otros organismos autónomos.

Insisten en concentrar el poder, aunque se lleven al país entre las patas.

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