Tres candidaturas revocadas y un proceso judicial local cuestionable
El Ágora
Por Ana Gómez
La reciente anulación de tres candidaturas al Poder Judicial del Estado de Aguascalientes por parte del Instituto Estatal Electoral (IEE) no solo constituye una corrección institucional necesaria, sino que también revela profundas grietas en los mecanismos locales de selección judicial.
Entre las candidaturas revocadas se encuentran la del exmagistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado, Salvador Hernández Gallegos, y las de Claudio Azul Bañuelos Jurado y Diana Montserrat Martínez Ramos, aspirantes a jueces en materia penal.
Las razones de su exclusión son claras: el primero no acreditó el promedio mínimo requerido en su licenciatura, mientras que los otros dos carecían de experiencia profesional en el ámbito penal. Sin embargo, el verdadero problema no radica únicamente en los perfiles individuales, sino en la fragilidad del proceso mismo.
Los comités de evaluación, integrados por representantes de los tres poderes del Estado, actuaron con una ligereza preocupante. En lugar de ser garantes de imparcialidad y rigor técnico, permitieron el avance de candidaturas que incumplían requisitos constitucionales básicos. Fue gracias a denuncias ciudadanas que se activaron los mecanismos de revisión, lo cual evidencia una alarmante ausencia de controles internos. ¿Cómo puede depender la integridad de un proceso tan delicado de la vigilancia externa?
Este episodio pone en tela de juicio la pretendida homologación del modelo local con el federal. Mientras que a nivel nacional el Consejo de la Judicatura ha incorporado mecanismos como la insaculación, que es un sorteo aleatorio entre perfiles previamente evaluados, para reducir la discrecionalidad, en Aguascalientes la imitación ha sido más cosmética que sustantiva.
Los exámenes de oposición, en teoría diseñados para garantizar mérito, han demostrado ser vulnerables a la manipulación. La falta de transparencia en su elaboración, la ausencia de supervisión independiente y la posibilidad de filtrar o ajustar resultados a conveniencia, los convierten en instrumentos poco confiables. Por ello, el modelo federal ha optado por complementar los filtros técnicos con mecanismos aleatorios que limitan la intervención discrecional sin sacrificar el mérito.
La insaculación, en este contexto, no es una fórmula mágica, pero sí una herramienta eficaz para impedir que la decisión final esté determinada por afinidades políticas o compromisos personales. En un estado donde más del 80% de las magistraturas han sido ocupadas por personas cercanas a la actual gobernadora, la percepción de captura institucional no es paranoia: es una advertencia.
La independencia judicial no puede construirse sobre lealtades políticas, sino sobre procesos sólidos, transparentes y verificables. La revocación de estas tres candidaturas es un paso en la dirección correcta, pero resulta claramente insuficiente. Es urgente revisar el diseño de los comités de evaluación, establecer mecanismos de supervisión externa, garantizar la publicidad de los exámenes y considerar seriamente la incorporación de la insaculación como etapa final del proceso.
Solo así podremos aspirar a un Poder Judicial verdaderamente autónomo, capaz de actuar con independencia frente a los otros poderes y de responder con legitimidad a las exigencias de justicia de la sociedad.
En tiempos de desconfianza institucional, fortalecer al Poder Judicial no es una opción: es una necesidad impostergable. La justicia no solo debe ser imparcial, también debe parecerlo. Y para lograrlo, sus operadores deben ser seleccionados mediante procesos que resistan el escrutinio público y estén blindados contra el favoritismo.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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