México vs. Argentina: la dignidad laboral
El Ágora
Por Ana Gómez
Desde 2018, México emprendió un viraje profundo en su política laboral. No fue un ajuste menor, ni una reforma técnica. Fue una reconfiguración estructural del trabajo, orientada a restituir derechos históricamente olvidados y a desmontar prácticas precarizaron la vida de millones de mexicanos.
En un país donde la desigualdad se normalizó como paisaje, la agenda laboral del último sexenio se convirtió en uno de los pilares más sólidos de la transformación pública.
La primera gran sacudida llegó en 2019, cuando se aprobó la reforma que garantizó la libertad sindical real y la democracia en la negociación colectiva. Por primera vez en décadas, los trabajadores pudieron elegir a sus representantes mediante voto personal, libre, directo y secreto. Se acabó la era de los contratos de protección, esos acuerdos firmados a espaldas de los trabajadores que blindaban intereses patronales y sindicales cupulares.
A la par, se transformó el sistema de justicia laboral. Las viejas Juntas de Conciliación y Arbitraje, marcadas por rezagos, opacidad y captura política, dieron paso a tribunales laborales imparciales, con jueces especializados y procedimientos más ágiles.
Otro pilar fundamental de esta transformación ha sido el incremento histórico del salario mínimo, que prácticamente se ha duplicado en términos reales desde 2018. Lejos de provocar los efectos catastróficos que algunos pronosticaban, el aumento sostenido del salario mínimo se convirtió en una de las políticas públicas más efectivas para recuperar el poder adquisitivo de la clase trabajadora y para que millones de personas salieran de la pobreza laboral.
En 2021, México dio un paso decisivo al regular la subcontratación u outsourcing. Sin extenderse en tecnicismos, la reforma cerró la puerta a esquemas abusivos que simulaban relaciones laborales y privaban a los trabajadores de prestaciones y seguridad social. El resultado fue inmediato, millones de personas recuperaron antigüedad, estabilidad y derechos básicos.
A partir de ahí, el país avanzó hacia sectores históricamente invisibilizados. Un ejemplo emblemático es la reciente reforma para trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y conductores de aplicaciones. Por primera vez, se reconoce su derecho a la seguridad social, a la protección frente a riesgos de trabajo y a reglas claras sobre tarifas y algoritmos.
Este impulso a la dignidad laboral también ha alcanzado a sectores creativos. La industria cinematográfica, históricamente vulnerable a la informalidad y a la falta de garantías laborales, ha comenzado a recibir apoyos renovados. El reciente encuentro entre Salma Hayek y nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, celebrado públicamente el fin de semana, no fue solo un gesto simbólico, sino también reflejó el compromiso de fortalecer un sector que emplea a miles de técnicos, artistas y trabajadores cuya labor suele quedar fuera del foco político. Impulsar el cine es también proteger a quienes lo hacen posible.
En este contexto, la reforma más simbólica, es la que hoy se encuentra en su fase final en la cámara de diputados, hablo de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.
No se trata de un capricho político ni de una concesión populista, como algunos sectores empresariales han intentado caricaturizar. Es una medida alineada con estándares internacionales, con evidencia científica sobre salud laboral y con una visión moderna del trabajo como espacio que debe coexistir con la vida personal, familiar y comunitaria.
Reducir la jornada no solo mejora la calidad de vida, sino redistribuye el tiempo, ese recurso que, en sociedades desiguales, suele concentrarse en quienes más dinero tienen.
La reforma reconoce que el bienestar no se mide únicamente en productividad, sino en la posibilidad de vivir con dignidad, descansar, convivir y desarrollarse plenamente. México, uno de los países con las jornadas más largas del mundo, finalmente se mueve hacia un modelo más humano y equilibrado.
El contraste argentino: cuando la “modernización” significa retroceso
Mientras México avanza hacia la ampliación de derechos, Argentina vive un proceso inverso. La reforma laboral impulsada recientemente por su gobierno se presenta bajo el discurso de la “modernización”, pero en los hechos implica una flexibilización regresiva, abaratando el despido, debilitamiento de la negociación colectiva, ampliación de modalidades precarias de contratación, aumentando la jornada laboral a 12 horas e incluso dando la posibilidad de que el salario se pague en especie en lugar de en dinero, es un desplazamiento del poder laboral hacia la discrecionalidad empresarial.
La comparación es inevitable. Mientras México fortalece sindicatos, Argentina los fragmenta. Mientras México reconoce derechos a trabajadores de plataformas, Argentina promueve esquemas más flexibles sin garantías claras. Mientras México discute cómo reducir la jornada para mejorar la vida de las personas, Argentina debate cómo reducir costos a costa de los trabajadores.
México elige un camino distinto
En un contexto global donde la precarización se ha normalizado como estrategia económica, México decidió caminar en sentido contrario. Apostó por la dignidad laboral, por la justicia, por la democratización del trabajo y por la construcción de un modelo donde la productividad no se sostenga sobre el desgaste humano, y esto ha permitido que millones de mexicanos salgan de la pobreza.
La reducción de la jornada laboral, la regulación del outsourcing, el aumento salario mínimo, el reconocimiento de derechos para trabajadores de plataformas y el impulso a industrias creativas como el cine son más que reformas son mensajes para las y los trabajadores de México.
Nuestro país está diciendo que el futuro del trabajo no puede construirse sacrificando a quienes lo sostienen, en un continente donde los péndulos políticos suelen oscilar con violencia, esta decisión coloca al país en una ruta distinta, la ruta de los derechos, la ruta del bienestar, la ruta de la dignidad.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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